Se abre Juicio Oral contra los alcaldes de El Gordo

El Juzgado de Instrucción número 2 de Navalmoral de la Mata ha dictado Auto de apertura  de Juicio Oral contra D. BAUTISTA SÁNCHEZ MONTERROSO y D. ELIAS CORREAS BRAVO, antiguo y actual alcalde, respectivamente, de la localidad de El Gordo por varios delitos cometidos en relación con la construcción de una residencia de ancianos en el citado pueblo cacereño.  Ecologistas en Acción de Extremadura, personada como acusación popular en el procedimiento penal, ha presentado escrito de acusación para cada uno de ellos por los siguientes delitos:

Respecto de D. BAUTISTA SÁNCHEZ MONTERROSO:

.- Tres delitos de prevaricación administrativa previstos y penados en el art. 404 C.P. 

.- Dos delitos de malversación de caudales públicos previstos y penados en el artículo 432.1 C.P. en concurso medial (art. 77.3 C.P.) con un delito de Fraude a la Administración previsto y penado en el artículo 436 C.P. 

Respecto de D. ELIAS CORREAS BRAVO ha presentado escrito de acusación por un  delito de malversación de caudales públicos.

Además ha presentado escrito de acusación contra otros intervinientes en los hechos, incluido un arquitecto municipal, por varios delitos de malversación de fondos públicos, de fraude a la administración, delitos de tráfico de influencias y de negociaciones prohibidas a funcionarios.

Las diligencias penales se han prolongado durante 5 años y las componen casi veinte tomos, dada la cantidad de documentos tenidos en cuenta por el instructor para llegar a imputar los delitos citados. 

Los imputados han sido requeridos para que en el plazo de un día depositen una cantidad global que roza los 72.000 euros para responder de las responsabilidades pecuniarias a las que deberían hacer frente.

Ecologistas en Acción confía en que el procedimiento no se dilate por más tiempo y que los imputados acaben siendo condenados dada la contundencia de las pruebas que obran en las actuaciones.

Da la coincidencia de que ambos políticos fueron ediles durante la construcción del complejo turístico Marina Valdecañas, el cual también fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y por el Tribunal Supremo, aunque no se depuraron responsabilidades penales contra los políticos que autorizaron la construcción del complejo de lujo que está pendiente de demolición.